Los socialistas quieren que se invierta en infraestructuras de Alhaurín de la Torre para adaptar las ratios de alumnos a las nuevas medidas de distancia mínima
El Grupo Municipal Socialista ha solicitado instar a la Junta de Andalucía a a llevar a cabo una planificación clara del próximo curso escolar 2020-2021, “teniendo en cuenta a la comunidad educativa y en especial a los equipos directivos como eje del desarrollo de las actuaciones”, ha explicado Patricia Alba, concejala socialista responsable de la moción presentada ante el Ayuntamiento de Alhaurín de la Torre.
Del mismo modo, en la propuesta, se ha pedido instar a la Junta de Andalucía a realizar la inversión en infraestructura que “Alhaurín de la Torre merece, ya que por número de alumnado tenemos los centros por encima de la ratio, lo que dificulta llevar a cabo las medidas de seguridad pertinentes fruto de la pandemia de la COVID-19”, ha señalado Alba.
“Nos preocupa mucho por la situación educativa” ha concretado la edil del PSOE, ya que lo largo de los últimos meses “ha sido flagrante la incapacidad de planificación, de resolución de los problemas y de asesoramiento a los equipos directivos con el objetivo de facilitar dicha matriculación”, ha afirmado la edil, quien ha recordado el caótico proceso de matriculación telemático en los centros educativos, lo que ha generado una gran incertidumbre en las familias malagueñas.
En esa línea, no se ha aprovechado todo este tiempo para poder realizar intervenciones con respecto a las infraestructuras comprometidas; “la Junta de Andalucía lleva más de un año y medio sin realizar ninguna intervención, lo que nuevamente provoca llegar a destiempo, sacando a la luz la nula previsión de cara a un particular inicio de curso escolar 2020-2021”, ha comentado Alba. Al tiempo que ha destacado que “con esta paralización, la planificación en relación a los centros educativos malagueños que ya iba tarde, ahora es ciertamente frustrante”.
En este sentido, el alumnado, las familias y los profesionales de la educación merecen un inicio escolar y un desarrollo del proceso educativo “con las medidas de seguridad acordes con los tiempos que vivimos”. Para ello, el Gobierno de España ha dotado a las Comunidades Autónomas con 2000 millones de euros que deben ir destinados a la bajada de la ratio para garantizar la distancia mínima, a la contratación de docentes para que puedan atender a grupos de alumnado reducido, adaptación de infraestructuras y nuevos espacios, así como luchar contra la brecha digital.
