Desde el Grupo Municipal Socialista queremos reiterar nuestra postura acerca de la polémica recalificación de suelo, de rústico a industrial, situado en la zona de «Las Tinajas».
Estamos hablando de un terreno de 14 mil metros cuadrados, que fue adquirido como terreno agrícola y en el que tan sólo se autoriza a instalar una caseta para aperos. El propio Ayuntamiento, tras conocer que se le estaba dando uso como aparcamiento de grandes vehículos, realizó varios requerimientos, por la incompatibilidad de uso. Sin embargo, poco tiempo después, gracias a los votos del PP y de un concejal ex de Ciudadanos, se va a declarar como «interés social» la construcción de una nave industrial de 5.000 metros en dicho suelo.
Dicho interés social no aparece adecuadamente justificado en el informe elaborado por el Ayuntamiento de Alhaurín de la Torre, que se limita a copiar las palabras del interesado en la solicitud presentada ante el mismo organismo.
El resultado es una nave industrial en las inmediaciones de la sierra, con la inevitable contaminación paisajística y el impacto medioambiental que conlleva, mientras que en la misma zona a otros empresarios se les obligó a demoler varias ampliaciones de sus negocios, pues sobrepasaba los límites edificables permitidos.
Si lo que se pretende es que el municipio cuente con suelo industrial, lo adecuado sería que se procediera al arreglo y puesta a punto de los polígonos industriales ya existentes, adquirido por un precio justo, acorde con la calificación al que se compra. Con la recalificación, se está revalorizando artificialmente un suelo que se pagó de acuerdo con la calificación de terreno rústico. Esta situación refleja la falta de un modelo urbanístico, de manera que parece lícito que en cualquier sitio, incluso en mitad de la sierra, se pueda proceder a arrancar cultivos y cambiarlos por asfalto.
Por otro lado, el promotor de la cercana Finca Peralta tuvo que respetar y ceder un terreno de 50 metros desde la carretera hasta las primeras casas, destinada a una posible ampliación viaria y zonas verdes. En el caso actual, al tratarse de una recalificación no recogida en plan urbanístico alguno, el Ayuntamiento no obliga al actual o futuro propietario a que ceda suelo público, por lo que si algún día son precisos esos 50 metros de servidumbre, habría que pagarlo, con el consiguiente perjuicio para las arcas públicas, que pertenecen a toda la ciudadanía.
Todo lo expuesto hace que no podemos más que reafirmar nuestra más rotunda oposición, considerando vergonzosa la actitud y acciones del Ayuntamiento de Joaquín Villanova, que tiene un trato injusto con unos vecinos y empresarios frente a otros.
