El pasado 24 de febrero, el consejero de Salud y Familias de la Junta, Jesús Aguirre, anunció que a partir del 2 de marzo los centros de salud de nuestra comunidad recuperarían las citas presenciales en atención primaria. A día de hoy, 28 de marzo, la mayoría de los CAP (Centros de Atención Primaria) de nuestra comunidad no sólo se limitan a ofrecer atención telefónica, muchos de ellos están tan saturados que incluso recibir una llamada de tu médico de atención primaria o pediatra, puede demorarse días, hasta semanas. Esta realidad, que pone en peligro el bienestar de miles, millones, de andaluces y andaluzas, es un síntoma más del deterioro que ha sufrido la sanidad pública de nuestra comunidad autónoma en los últimos tiempos.
En más de una ocasión hemos escuchado aquello de que las crisis son épocas de oportunidad para quienes saben aprovecharlas y en esta ocasión no ha sido para bien. El Gobierno de Andalucía, respaldado por sus socios de Vox y Ciudadanos, se ha valido de la situación generada por la covid-19 para afianzar un proceso que inició en el mismo momento que ocuparon el Gobierno Andaluz: el desmantelamiento de nuestro sistema de salud pública. Nada nuevo bajo el sol, no hacen más que seguir la estela de otros gobiernos autonómicos como el, para ellos icónico, Madrid de Esperanza Aguirre y sus sucesores y sucesoras en el cargo:
- El traslado de operaciones y otras atenciones a la sanidad privada
- El desarme de la Escuela Andaluza de Salud Pública de Granada, listas de cirugía ambulatoria cerradas desde hace más de un año
- CAP rurales sin personal debido a las pésimas condiciones laborales ofertadas por el SAS
- Personas mayores obligadas a desplazarse a otros municipios para recibir la vacuna, la ausencia de contrataciones cubriendo turnos con la explotación de un personal ya saturado e insuficiente
- cierre de servicios esenciales como el área de maternidad del Hospital Universitario Virgen de la Victoria (Málaga)
- Sustituir nuevas contrataciones por personal de enfermería voluntario ya jubilado para hacer frente a la vacunación
- Retrasos en la toma de posesión del SAS
- Etc.
La lista sería interminable, mientras tanto, recibimos constantes mensajes publicitarios que nos relatan, edulcoloradamente, las bondades de la sanidad privada, que juegan con nuestros miedos y preocupación por nuestra salud y la de nuestras familias, que nos incitan a situarnos fuera del desolador panorama actual.
La lícita presencia en nuestra comunidad del sector sanitario privado, que habría de convivir con un sistema público fuerte con cobertura eficiente y eficaz par toda la población, especialmente la más vulnerable, se convierte así en una trampa del neoliberalismo más salvaje: «Tanto tienes, tanto vales. Salud para quien pueda pagarla».
Marea Blanca de Andalucía señalaba, en febrero del presente año, que en las Partidas Presupuestarias de 2021, se sumaban para conciertos con la sanidad privada, 450 millones de euros a los 470 habituales en años anteriores. Casi el doble para negocios privados que se nutren de fondos públicos. Sostienen que el necesario reforzamiento de la sanidad pública requeriría tan solo 290 millones de euros. No es válida por tanto la excusa de falta de fondos, aún menos si tenemos en cuenta que, según la misma fuente, el Gobierno Autonómico ha recibido 1.000 millones del Gobierno Central.
Numerosas voces socialistas, como las de la secretaria general del PSOE-A, Susana Díaz, advierten de esta situación. «A río revuelto ganancia de pescadores», el problema es que en este caso los pescadores ocupan sillones que deberían usar para luchar por los intereses de todos los andaluces y andaluzas. Por eso, una vez más, exigimos a la Junta de Andalucía que desista de su trayectoria de privatización y destrucción y hagan también suyo el lema: «La Sanidad Pública no se vende, se defiende».
