El pasado jueves, 15 de abril de 2021, el Congreso de los Diputados aprobó el proyecto de ley orgánica de protección de la infancia y la adolescencia contra la violencia. Tras este trámite, la norma habrá de pasar por el Senado, fase en la que es previsible que presenten e incorporen nuevas enmiendas. Al ser un trámite de urgencia, en junio podrá ser publicada en el BOE y cobrar vigencia.
Esta ley, como ya pasó con otras como la Ley 13/2005, de 2 de julio de 2005 (Matrimonio Igualitario) o Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, (Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género), ambas promovidas por un gobierno socialista, sitúan a España a la cabeza de protección de derechos humanos fundamentales.
Entre las principales medidas recogidas en este proyecto de ley, destacan los cambios en los tiempos de prescripción de delitos cometidos contra niños, niñas y adolescentes. Una vez que cobre vigencia, estos tiempos comenzarán a contar cuando la víctima cumpla 35 años, por lo que las denuncias podrán presentarse:
- Hasta que cumpla los 40 años, en el caso de los delitos más leves
- Hasta los 55 años en el caso de los delitos más graves
En la actualidad se comienza a contar cuando el otrora menor cumple la mayoría de edad, con lo que en la inmensa mayoría de los casos es aún emocional y económicamente dependiente, no contando con los recursos necesarios para iniciar el trámite y situándolo en una situación de indefensión (no olvidemos que en España solo en 17,3% de los jóvenes mayores de 18 y menores de 30 años están emancipados).
De este modo, se pretende sacar a la luz una realidad silenciada, que, como ya ocurriera con la Violencia de Género, en un alarmante número de casos queda oculta en el entorno de las víctimas, familias, colegios, etc. Los datos de los que se dispone son parciales y en muchas ocasiones provienen de fuentes secundarias, pero todo indica que el porcentaje de delitos que permanece impune es desolador.
La conocida como ‘ley Rhodes‘, recoge otras medidas entre las que destacan:
- Obligación de comunicar cualquier situación de violencia sobre niños, niñas o adolescentes a la autoridad competente.
- Creación de la figura del coordinador de bienestar y protección en los centros educativos, definiendo sus funciones para asegurar el correcto funcionamiento de los protocolos de actuación frente a indicios de acoso escolar, ciberacoso, acoso sexual y cualquier otra forma de violencia. Se establece también la figura del delegado de protección en las entidades deportivas y de ocio en las que haya presentes niños, niñas o adolescentes
- Especialización de policía y juzgados.
- Creación de nuevos delitos penales que permitan actuar contra quienes difundan a través de internet contenido que pueda incitar a los menores a conducta lesivas para si mismos (suicidio, anorexia, autolesiones, difusión de contenido sexual, etc.).
Todo lo descrito ha hecho que esta iniciativa legal cuente con el apoyo, activo o por inacción (votos a favor o abstenciones) de la práctica totalidad del arco parlamentario, que si bien han presentado enmiendas para reforzar o modificar algunos puntos del proyecto, han alabado la intención resaltando la gravedad de la realidad que lo ha motivado:
Si alguien os hace daño en casa, pedid ayuda en la escuela. Si alguien os hace daño en la escuela, pedid ayuda en casa.
IONE BELARRA, ministra de Derechos Sociales y Agenda 2030,
Hay que avanzar en medidas sociales a la infancia
Sara Giménez, diputada de Ciudadanos
Sólo rompen este consenso el PNV, que se opone por razones de competencia, y, una vez más, Vox.
El partido ultraderechista, como ya sucede con las polémicas generadas por su intento de censura educativa, el conocido como Pin Parental, vuelven a confundir el «mi» que indica relaciones familiares del «mi hijo», «mi hija», «mis hijas», «mis hijos», con el «mi» que indica posesión. Consideran así a los menores de edad como objetos sobre los que la patria potestad no representa una obligación de protección, educación y amparo, sino una suerte de derecho medieval gracias al cual las familias se convierten en un territorio al margen de la sociedad, el derecho de expresión y la protección pública. Defienden implícitamente el lesivo y ya trasnochado «lo que pasa en las familias se queda en las familias». En contra de su cacareado apoyo a la lucha contra la «violencia intrafamiliar», cuando se le presentan armas para combatirla, recurren a argumentos torticeros como aludir a la inexistente promoción del aborto o a reducir a la mujer a los papeles de madre, hija, esposa y hermana, como si una mujer sólo tuviera valor a razón del servicio prestado a los hombres. De este modo sitúan sobre las víctimas la responsabilidad de conservar una falsa paz familiar, eximiendo a los culpables de su responsabilidad.
Concluiremos con una archiconocida frase, erróneamente atribuida a la españolísima figura literaria de Don quijote:
Los perros ladran, pero la caravana avanza
Proverbio turco, fecha y autor desconocidos.
